España será el tercer país (por detrás de Francia e Italia) con una ley nacional para combatir el desperdicio alimentario.La nueva ley contra el desperdicio alimentario ¿cuáles son sus claves?

La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario (conocida también como la ley de desperdicio alimentario o ley contra el desperdicio alimentario) fue aprobada por el Consejo de Ministros y actualmente está siendo tramitada en el Congreso de los Diputados.

Se trata de una ley que, previsiblemente, no entrará en vigor hasta enero de 2023. Para entonces, España será el tercer país (por detrás de Francia e Italia) con una ley nacional para combatir el desperdicio alimentario.

Aunque el texto aún pueda sufrir algún cambio, señalamos las claves que a día de hoy afectarían a todos aquellos negocios que operan a lo largo de la cadena de valor alimentaria:

Las obligaciones aplicables a todos los agentes de la cadena de alimentación 

1. Aplicar una jerarquía de prioridades: Los operadores de la cadena de valor deberán actuar en base a esta jerarquía, encabezada por el deber de donar o llevar a cabo otros tipos de redistribución:

• Donación y otros tipos de redistribución para consumo humano
• Transformación de los productos
• Subproductos para alimentación animal
• Subproductos para otra industria
• Compost para agricultura
• Valorización de la energía

Es importante señalar que la jerarquía podrá adaptarse en aquellos casos en los que quede justificado en base a razones de factibilidad técnica, viabilidad económica o protección del medio ambiente, entre otros.

2. Llegar a acuerdos o convenios para donar sus excedentes de alimentos. Aquí también hay excepciones y, por tanto, no estarán obligados:

• En los casos en los que resulte inviable y quede debidamente justificado conforme a los criterios mencionados (viabilidad técnica, económica, medioambiental, entre otros)
• En las actividades de distribución alimentaria desarrolladas en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 m2.

3. Aprobar y aplicar un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contemple la jerarquía de prioridades.

4. Colaborar con las administraciones públicas para la cuantificación de los residuos alimentarios.

Sin embargo, es importante indicar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solamente cuantificará el desperdicio alimentario generado por el consumidor tanto dentro como fuera de los hogares (aunque hará pública la cantidad de la información de la que disponga con respecto a cada fase de la cadena alimentaria).

Aunque, en un principio, todos los operadores de la cadena deberán aplicar las anteriores obligaciones, la novedad de esta versión de la ley, (en comparación a cuando empezó la tramitación), es que abre la puerta a justificar su no aplicación en algunos casos.

Obligaciones específicas para la hostelería y restauración 

Aquí la ley obliga a los establecimientos a ofrecer a los consumidores la posibilidad de llevarse los excedentes que no hayan consumido, obligando también a que el envase que se utilice con este fin, sea apto para el uso alimentario, reutilizable, o fácilmente reciclable.

Esta obligación incluye también a “otros proveedores de servicios alimentarios” y, por tanto, incluye a escuelas, hospitales, y todos aquellos que ofrezcan servicios de cátering o comedor.

Buenas prácticas para aquellos que venden alimentos al consumidor final

Las “buenas prácticas” no son obligatorias y no les aplican sanciones, sino que las empresas que venden productos al consumidor final tienen la opción de aplicar, junto con las administraciones públicas, algunas prácticas, entre las que destacamos:

1. Disponer de infraestructuras adecuadas para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en las condiciones óptimas, que minimicen las pérdidas y el desperdicio alimentario.
2. Trabajar en el desarrollo de protocolos específicos para reducir a mínimos las pérdidas y el desperdicio alimentario a lo largo de la cadena de transporte y almacenamiento.
3. Incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima.
4. Disponer de líneas de venta con productos “feos” o “imperfectos” o “poco estéticos” e incorporar y mejorar la información sobre el aprovechamiento de alimentos.
5. Fomentar la donación de alimentos con fines sociales, fomentar la compra sostenible.

Un régimen sancionador

La ley introduce un régimen de sanciones que solamente será aplicable a las obligaciones (no a las buenas prácticas). Las infracciones se dividen entre muy graves, graves y leves, y las multas pueden ascender hasta los 500.000 €.

Así, no aplicar a las pérdidas y el desperdicio alimentario la jerarquía de prioridades o no justificar debidamente por la que no se aplica, puede conllevar una multa de hasta 2.000€, mientras que no contar con un plan de prevención, puede ascender hasta los 60.000€.

Es importante señalar que la ley fija las infracciones mínimas, y autoriza a las comunidades autónomas a incrementar o añadir lo que consideren.

Al regular todas estas materias, la ley puede dar un impulso a la lucha contra el desperdicio alimentario en nuestro país. Habrá que estar atentos a la versión que finalmente entre en vigor en enero 2023.

En Too Good To Go creemos que esta Ley se presenta como una oportunidad que no podemos dejar escapar, para seguir haciendo frente al reto del desperdicio alimentario como sociedad. ¿quieres saber más? Puedes conocer nuestra opinión en este artículo.

Si tienes dudas específicas sobre la Ley, envía un correo a info@toogoodtogo.es